ARGENITO

ARGENITO

Alfredo Molano

Publicado en el Espectador

23 de enero 2010

Argenito Díaz era un hombre de 42 años, cabeza de una familia de once miembros, que viajaba hacia su pueblo Pavarandó, un pueblo que ha tenido la desgracia de ser desde la Conquista un puente entre el río Atrato y el río Sinú. Un pueblo pobre que desde los años noventa se oye nombrar porque en sus dos calles y una plaza de camino se han refugiado cientos de campesinos e indígenas perseguidos a bala, motosierra y machete desde otra tierra, una tierra en litigio ubicada más al sur y más al occidente, y que no pertenece al Departamento de Antioquia sino al Choco. Iba, pues Argenito el 13 de enero pasado-hace diez días- llegando a Pavarandó en un camioncito colectivo, de esos en que a los pasajeros se les balancea la cabeza amodorrados por el calor y al ritmo de los huecos de la carretera. Es un entresueño delicioso que se suda y se trasmite. A veces el conductor cae seducido por la modorra y los carros se encunetan. Eso debió pensar Argenito cuando el vehículo fue detenido bruscamente por un grupo vestido de tigre, -es decir camuflado- y boína azul. El que parecía comandar la cuadrilla miró cara por cara y con la punta de su fusil, un galil, señaló a Argenito y le dijo: “bajáte, pues, que vamos a conversar”. Argenito sabía que de ese tuteo no salía vivo. Conocía desde tiempo atrás los modales de los asesinos. El resto de los pasajeros temblaban. Habían oído desde hacía días que por ahí andaban otra vez los Mochacabezas, o las Águilas Negras, o las Autodefensas Gaitanistas, o los Rastrojos, los Convivir, o simplemente los Paisas. Oficialmente se llaman hoy día BACRIM o sea Bandas Criminales, borrando así el prefijo para que quiere decir al lado de. Algunos de los mandos eran conocidos porque habían sido hombres de El Alemán, Freddy Rendón, comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. En el Chocó todo se sabe, desde Acandí hasta Murindó y desde Paimadó hasta El Tigre. Pareciera que su gente fuera un solo organismo, y lo es, no obstante los litigios de tierra y de cultura que han ido aflorando entre resguardos indígenas, territorios colectivos negros y mejoras de cachilapos o mestizos. Argenito había sido amenazado en agosto del 2008 así que ya sabía a qué se atenía cuando lo bajaron a fusilar. Los demás pasajeros no se mosquearon. Saben que ley rige en esos casos. La misma que se aplica desde 2007 cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Las dos leyes son de silencio, pero mientras una impide la denuncia, la otra ahoga la protesta. Que fue la que le aplicaron por promover una Zona Humanitaria en Caño Claro. Una comunidad que se ha declarado ajena a la guerra, donde las armas han sido declaradas y que ninguna de las fuerzas armadas que actúan en la región respeta. Pero su falta había sido más grave: en enero del año pasado había instaurado una acción legal ante el Tribunal del Chocó junto con otros miembros de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó exigiendo la restitución de la propiedad colectiva y el cese de actividades a las empresas palmicultoras. El pecado mortal de Argenito fue haber notificado el fallo a favor de la comunidad a los administradores de las compañías de William López, Ramiro Quintero y la reconocida familia Zúñiga Caballero. Aquí es necesario un paréntesis. Los Zúñiga Caballero aparecen vinculados con firmas investigadas por concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzoso de comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Uno de sus miembros, María Fernanda Zúñiga Chaux debió renunciar a la gerencia de FIDUAGRARIA una entidad de economía mixta por manejos indelicados. María Fernanda es sobrina de Juan José Chaux Mosquera, conocido de autos por el escándalo de alias Job. La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que 25 de los empresarios asociados a esas empresas estaban enredados en la adquisición de 23.000 hectáreas y que según testigos lo fueron con el apoyo paramilitar. Más aún, Katia Patricia Sánchez, representante legal de una de esas empresas está casada con Hernán Gómez, intimo amigo y consejero de Carlos Castaño.

Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas como territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93.Pero invadidas en parte a la sombra de la operación Génesis dirigida por el General ® Rito Alejo del Rio, comandante de la Brigada XVII, hoy detenido. Durante mucho tiempo se negó la participación de los paramilitares en la operación. Cinco días después del asesinato de Argenito, el Alemán declaró que por orden de Castaño varios de sus hombres participaron en heroicas operaciones conjuntas con los militares que bombardearon y ametrallaron las comunidades de Salaquí, Cacarica y Truandó, Perancho donde hacia presencia el Frente 57 de las Farc. Según El Alemán no solo aportaron unidades sino que se cumplió el acuerdo de “no entorpecer el avance de las ACCU en las zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis”. Añadió el jefe paramilitar que Maderas del Darién, una filial de Pizano SA, que durante muchos años se han beneficiado de concesiones para la explotación de maderas y en particular del cativo- especie en extinción-, colaboraban con los paramilitares, inclusive con aportes en dinero. Las versiones de Macaco y HH son piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba y que siguen hoy trece años después en la total impunidad.

De todos estos hechos no se puede hablar en pasado sino en presente histórico. A nivel nacional las investigaciones de la Corporación nuevo Arco Iris demuestran que el neo-paramilitarismo está en pleno crecimiento. Si en 2008 había 250 municipios con presencia de los nuevos grupos, en 2009 eran ya 300 y el número de integrantes se aproxima a 11.000 unidades. “Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos”. Según la Revista Semana desde el 2008 las Autodefensas Gaitanistas “instalaron hombres vestidos de civil en los territorios de propiedad de afrocolombianos e indígenas para vigilar los movimientos de los líderes, básicamente, y evitar cualquier intento de organización de la gente”. A medida que la gente se organiza para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes han ido en aumento. Los asesinatos certificados han sido los de Benjamín Gómez, muerto, ‘Chemita’ asesinado en Cacarica, Walberto Hoyos asesinado el 14 de octubre de 2008 y que venía encabezando procesos jurídicos para recuperar tierras de las que habían sido desplazadas varias personas en Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía está investigando a 23 compañías palmicultoras por haber ocupado tierras de desplazados para sembrar sus cultivos.

Al conflicto de tierras, que ha sido ampliamente conocido por la opinión pública hay que sumar más desdibujados, pero no menos sangrientos. El proyecto de construcción del tramo que de la Carretera Panamericana, entre Lomas Ailadas y el Alto de Letras supone no solo un atropello a zonas declaradas como reservas de la biosfera y patrimonio de la humanidad como el Parque Catios sino el desplazamiento de comunidades indígenas. Según NNUU, entre 1996 y 2002 han sido asesinados 997 indígenas de los pueblos Emberá Catío y Dobida del municipio de Acandí, por donde atravesaría la vía; entre 2004 y 2007 los indígenas asesinados han sido 519 y los desplazados 30.000. La valorización de las tierras de la región gracias al anuncio del proyecto ha tenido ese terrible efecto. Hay que agregar en el Urabá chocoano muy conocidos paramilitares como los Castaño y los Builes poseían haciendas, tierras que Estupefacientes e Incoder han prometido expropiar y distribuir entre las víctimas del conflicto sin que esa elemental medida haya podido llevarse a cabo. Por el contrario dirigentes campesinas como Yolanda Niño y Ana Isabel Gómez que encabezaban las demandas fueron asesinadas.

A los litigios por tierras debidos tanto a la expiación de los cultivos de palma africana como asociados al proyecto de la carretera panamericana, hay que sumar un nuevo ingrediente que parece hoy estar controlado por el paramilitarismo. Sobra decir que el Choco es una de los bosques húmedos más importantes del planeta y que su riqueza maderera es proverbial y ha sido explotada desde hace muchos años. Existen identificadas y clasificadas más de 8000 especies de matas, siendo la asociación cativo –cedro, caoba, roble, ceiba tolua- la más perseguida. Hoy se sacan de la selva chocoana más de un millón y medio de metros cúbicos de todo tipo de maderas. El 75% de ese volumen corresponde a los cativales, que como se sabe cumplen una función ambiental decisiva: mantiene el cauce de los ríos y regula las nutrientes de la vida acuática. La madera había sido explotada por grandes empresas como Pizano y Comercializadora de Maderas del Choco. Estas grandes compañías han explotado la madera por concesiones de los diferentes gobiernos. Greenpeace tiene la sospecha de que muchos de los contratistas hechos por esas empresas-lo que confirmo El Alemán,- estuvieron asociados al paramilitarismo.

Hoy no hay duda de que el neo paramilitarismo cobra tiene en la explotación maderera una gran fuente de financiación y en esta medida defiende los territorios de explotación maderera, los aserríos donde es procesada primae facie, las vías de trasporte y lugares donde es almacenada y también, claro está, la gente que trabaja en toda la línea productiva.

¿Quién mato a Argenito? La guerra, la que el gobierno no quiere reconocer y con ello prolonga. Lo que no quiere decir que quien apretó el gatillo del arma que puso fin a su vida y dejo huérfanos a sus 11 hijos sea amparado por la impunidad reinante.